miércoles, 22 de abril de 2009

Crediamigo el Banco de la Comunidad

CrediAmigo, Premio a la Excelencia en Microfinanzas - Institución Financiera Regulada
El Banco do Nordeste lleva los microcréditos con éxito a grupos de amigas y familiares hasta los extramuros más pobres de Brasil.

Fue en 2005 cuando una nueva historia comenzó para CrediAmigo. Hasta entonces, Stélio Gama Lyra Júnior, superintendente de Microfinanzas y Programas Especiales del Banco do Nordeste (BNB), había visto crecer el proyecto microfinanciero de la institución. Sin embargo, ese año, cuando cumplía cinco a su comando, Stélio sintió que era el momento de ampliar las perspectivas de CrediAmigo, por entonces bastante sólidas.
El plan: una línea de crédito aun más inclusiva que las que entonces financiaban a las microempresas tradicionales. “Queríamos ayudar a los microemprendedores y desempleados de la base de la pirámide a tener su propio negocio para mejorar la vida de sus familias”, dice.

La inspiración para ese plan había surgido un año antes, en 2004, cuando Stélio, intercambiando información con ejecutivos de ACCION International, a la que está aliada el BNB, conoció Village Banking, una tecnología muy popular en Asia que permite atender comunidades muy pobres ubicadas a grandes distancias de las principales urbes de un país.
En América Latina, Village Banking estaba siendo aplicada a gran escala por la IMF Compartamos, entre otras instituciones, y Stélio decidió viajar a México para interiorizarse en el producto. Cuando volvió, el convencimiento lo llevó a empujar un proyecto propio en el BNB, CrediAmigo Comunidade.

La primera meta de CrediAmigo Comunidade fue su lanzamiento en las 170 sedes de CrediAmigo en Brasil, entrenar a 600 asesores y captar clientes masivamente para, hacia 2008, llegar a las 40.000 cuentas. En octubre de 2005, en los extramuros de Caucaia, en el estado nordestino de Ceará, se abrió la primera filial de CrediAmigo Comunidade, Banco Vitória, un emprendimiento comunitario que atendía las necesidades de financiamiento de sus 18 miembros fundadores. Hacia septiembre pasado, CrediAmigo Comunidade tenía presencia en 11 estados de Brasil donde reunía a 33.400 clientes activos en 1.925 microbancos.

En octubre de 2008, el BNB recibió el premio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Institución Financiera Regulada durante el XI Foro Inter-Americano de la Microempresa de Asunción, Paraguay. El desempeño de CrediAmigo estuvo entre los fundamentos para la distinción, aunque no fue el único. Nacido en 1953, el BNB fue pionero en la banca pública latinoamericana al incursionar en las microfinanzas hace ya más de 10 años. El Banco se propuso entonces —y mantiene hoy esa visión— ser el líder sudamericano en créditos a microemprededores.

En la actualidad, CrediAmigo, opera asociado al Programa Nacional de Microcrédito Productivo (PNMPO) del gobierno brasileño y el BNB se ha aliado al Instituto Nordeste Cidadania, una ONG independiente, para que capacite a sus 1.517 empleados. El Banco presta a grupos solidarios desde US$50 a poco más de US$ 550 para capital de trabajo, y hasta US$ 5,650 a individuos que requieren invertir en actividades productivas. El año pasado, los préstamos de bajo monto representaron el 90% de las operaciones del banco. Esos montos están demostrando ser razonables para una clientela compuesta casi en su totalidad por grupos comunales, mayoritariamente compuestos por mujeres que son familiares o amigas. “Hay un mito de que el banco de gobierno tiene siempre subsidio, pero nosotros mostramos que es posible invertir capital de acuerdo a las reglas del mercado”, dice Marcelo Azevedo Teixeira, gerente de BdN para CrediAmigo.

En el marco de CrediAmigo Comunidade, los bancos comunales tienen reuniones periódicas en las que son asistidos por un asesor del BNB y se preocupan por potenciar el crecimiento de los negocios de sus socios. Cada banco tiene cuentas que son administradas por los socios coordinadores en las que se deposita un porcentaje de los préstamos individuales, que operan como garantías de repago. El programa ha manejado capital por US$ 23,3 millones desde 2005 entregando créditos de unos US$ 223,6 promedio. Su tasa de mora (1 a 90 días) es del 1,37% y los impagos alcanzan el 0.23%.

Por supuesto, esos recursos no resuelven todo. “Para que Brasil salga de la pobreza no nos basta con el crédito”, dice Stélio. “Tenemos un costo muy grande para formalizar a la población, lo que limita que muchos clientes ingresen al sistema”. Un intento por resolver ese obstáculo son las alianzas con el Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio de Brasil para capacitar a los clientes con cartillas educativas, y numerosos acuerdos con municipios y gobiernos estaduales para divulgar CrediAmigo. Los próximos planes incluyen llevar la atención a nuevas regiones del país y asociar más estrechamente CrediAmigo al Programa de Transferência de Renda Federal Bolsa Família, para promover la generación de mayores ingresos en los grupos familiares.

Una reciente investigación propia ha llevado al BNB a creer que esa idea podría tener un idéntico destino a la promesa exhibida por CrediAmigo Comunidade en su inicio. En 2007, gracias a CrediAmigo Comunidade, 97% de miembros de Bolsa Família encuestados por el BNB obtuvieron por primera vez acceso al crédito. Entonces, el 99% mejoró el ingreso familiar con ese capital.

El empoderamiento incentivado por CrediAmigo Comunidade, según BNB, está favoreciendo el intercambio de experiencias en las comunidades y la creación de redes intergrupales, pequeñas ferias e intercambios comerciales. Pero, ¿puede el programa subsistir en el marco de la crisis global? El BNB no vislumbra obstáculos de financiamiento y parece mantener estable la calidad de su cartera. Para este año, CrediAmigo tiene un presupuesto de US$ 196 millones y una expectativa de ganancia líquida de US$ 4,2 millones. “Ahora vienen los tiempos de más empoderamiento”, dice Stélio. “Con 45% de nuestros clientes recibiendo Bolsa Família, debemos aportar más valor agregado, costos más bajos y la misma orientación empresarial para que los emprendedores de la base de la pirámide sigan creciendo”.
Fuente: BID 14/04/2009

lunes, 30 de marzo de 2009

Negocios inclusivos en Colombia

En Bogotá, se realizó el lanzamiento de la primera publicación sobre el tema de negocios inclusivos en Colombia. Este documento (pdf, 46 páginas) recoge 9 casos de empresas muy reconocidas en Colombia que vienen desarrollando desde hace algún tiempo proyectos que encajan dentro del concepto de negocios inclusivos. Este concepto se viene fomentando en Colombia desde hace dos años a través de la alianza entre el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES).

El libro tiene como finalidad mostrar, por medio de iniciativas prácticas, las diversas maneras en que los negocios inclusivos pueden ser llevado a la realidad bajo modalidades empresariales innovadoras, en las que una “empresa ancla” involucra en su cadena de valor a grupos de población de bajo poder adquisitivo como distribuidores, proveedores o clientes

Estas 9 iniciativas, aunque, difieren en tiempo, enfoque, lugar geográfico, población involucrada, entre otros, tienen un impacto importante en la sociedad colombiana. En total, alrededor de 300.000 familias hacen parte de estas iniciativas y perciben los beneficios descritos en cada uno de los casos documentados. Las empresas, junto con sus aliados gubernamentales, cooperantes internacionales y entidades financieras han invertido casi US$70 millones en el desarrollo de estos negocios.

La publicación (pdf, 46 páginas) reúne experiencias novedosas desarrolladas por algunas de las empresas más influyentes que operan en diferentes sectores de la economía colombiana:
Natura-Colombia, empresa de cosméticos brasilera, comprometida con las relaciones interpersonales en perfecto equilibrio con su entorno, quién distribuye su producto en esquemas de venta directa

Indupalma, empresa líder del sector palmero colombiano que viene apoyando a un grupo de campesinos proveedores de fruto que gracias al Negocio Inclusivo se convierten en propietarios de sus tierras y de sus cultivos
Alpina, empresa productora de derivados lácteos que reorienta regionalmente la proveeduría de leche y vincula pequeños ganaderos de la región sur del país de comunidades indígenas y campesinas

La Compañía Nacional de Chocolates, que tiene como meta que el 100% del cacao, su principal materia prima, sea de origen nacional, por lo que fomenta desde hace algunos años su cultivo y acompaña técnicamente a los productores
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que desarrolla una agresiva estrategia de renovación generacional de los productores cafeteros para seguir produciendo el “mejor café del mundo”

Casa Luker, empresa líder en la producción de alimentos, diversificó su actividad agroindustrial, hacia las frutas tropicales procesadas, vinculando a pequeños productores de frutas

Promigas, empresa de distribución de gas natural que aprovechó el conocimiento de los clientes para ofrecerles créditos de consumo, sin análisis crediticios, permitiendo que miles de familias de bajos ingresos tuvieran acceso a recursos financieros

Pavco, empresa de producción y venta de tubería, aprovechó alianzas con empresas públicas y privadas para facilitar el acceso a tecnología de punta en el riego de cultivos de ají, mejorando la productividad de los cultivos y el uso del agua

Bancolombia, el banco más grande del país, desarrolló esquemas innovadores para llegar a regiones apartadas del país con sus Corresponsales no Bancarios y sus Puntos de Atención Móvil

Para facilitar su lectura y poder hacer comparaciones entre las iniciativas, todas siguen una estructura similar. En primer lugar se hace referencia a la compañía, a su relevancia en la economía colombiana y a su presencia internacional. Se escriben luego los antecedentes sectoriales e internos de la empresa que la llevaron a desarrollar el modelo de negocios inclusivos que se presenta y el desafío que busca enfrentar con él.

Continúa cada iniciativa con la descripción del esquema de trabajo desarrollado, la población involucrada, las entidades vinculadas y la inversión realizada. A continuación se presentan los logros y los resultados obtenidos y los principales aprendizajes —factores de éxito, lecciones aprendidas y dificultades o barreras. Finalmente, cada empresa hace una proyección a futuro sobre su negocio inclusivo.

domingo, 1 de marzo de 2009

PERU LÌDER DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA REGIONAL

En un año de cambios regulatorios, Perú lidera la medición de la industria microfinanciera desplazando a Bolivia ¿Qué viene en 2009?
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú nunca sospechó que un pequeño decreto legislativo del 21 de junio de 2008 iba a llevar a sus microfinancieras a dar el mayor salto cualitativo del sector en toda América Latina. Ese día, la SBS modificó el marco regulatorio de la Ley General del Sistema Financiero ampliando la capacidad de acción de las cajas municipales, rurales y entidades de desarrollo de la pequeña y mediana empresa (Edpymes) que proveen servicios microfinancieros.

El decreto posibilita a las cajas municipales competir en departamentos y provincias distantes de sus municipios. Al mismo tiempo, establece que desde julio de 2010 las instituciones microfinancieras (IMF) que capten recursos del mercado se sometan a dos calificaciones de riesgo por año, al igual que los principales bancos del sistema financiero. En paralelo, eliminó la exigencia de mayores requisitos de capital y solvencia para operaciones financieras más sofisticadas y riesgosas. “Con una integración cada vez mayor a la industria financiera tradicional, las microfinanzas peruanas se han vuelto más sólidas y avanzan en la ampliación de sus carteras y actividades, incluyendo servicios como depósitos e ingresando con pie más firme a grandes mercados urbanos, como Lima”, dice Sergio Navajas, oficial de Inversiones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Ahora pueden competir a nivel nacional y experimentan una reducción de restricciones regulatorias importantes”.

Gracias a esos cambios, y a la continuidad del excelente desempeño del sector en 2007, la industria microfinanciera peruana ascendió al liderazgo del Microscopio 2008, el escalafón sectorial elaborado por la prestigiosa Economist Intelligence Unit (EIU) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En 2008, en el contexto de una industria en expansión y con importantes cambios regulatorios, el Microscopio amplió la medición de 15 a 20 países. De acuerdo con Robert Wood, analista principal de EIU, el ciclo de crecimiento de la región continuó en 2007 y en la primera mitad de 2008 con tasas de interés relativamente bajas para los estándares históricos, con lo que se creó un ambiente macroeconómico de soporte para el sector microfinanciero. “Es evidente que el clima de inversión ha sido uno de los elementos más relevantes para modificar las posiciones, y esto es producto de las situaciones políticas y económicas que se presentan en gran parte de la región”, dice Alejandro Soriano, ejecutivo principal de PyME y Microfinanzas de la CAF.

En términos generales, los resultados volvieron a manifestar la escisión existente entre tamaño y riqueza de los mercados y la calidad de sus microfinanzas. Países como Bolivia, Ecuador o Nicaragua, con mercados de capitales débiles y ambientes irregulares para favorecer la inversión, poseen industrias más desarrolladas institucionalmente que otros más grandes como Brasil, México o Argentina, o con una menor tasa de pobreza como Chile o Uruguay.

Ser líder bien vale un Perú
La alegría peruana era palpable en octubre pasado, cuando los resultados del Microscopio 2008 fueron dados a conocer durante el XI Foro Interamericano de la Microempresa de Asunción. En 2007, Perú fue el único país de la región que ocupó los cinco primeros lugares en marco regulatorio, clima de inversión y desarrollo institucional, las tres categorías centrales evaluadas.

Su Superintendencia es una institución de gran prestigio, ampliamente reconocida por sus regulaciones y dispositivos de control financiero de alta calidad por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID. Las carteras de las Edpymes, entidades creadas en 2007 para agrupar instituciones de microfinanzas y fomentar el desarrollo sectorial, superan la suma de recursos de las cajas rurales. Estas Edpymes, por lo general son ONGs convertidas en entidades financieras y se beneficiarán también del decreto de la Superintendencia ganando acceso a mayor financiamiento en el mercado de capitales y a operaciones financieras que antes sólo se ofrecían a los bancos tradicionales, como la negociación de acciones y bonos o los préstamos hipotecarios y el ahorro individual.
Lamento boliviano
Parte del mérito peruano en obtener el liderazgo se logró a costa de Bolivia, que tropezó y cedió el liderazgo que ostentó en 2007, cuando se realizó por primera vez el Microscopio. El gobierno de Bolivia aprobó en 2008 menores requisitos de capital para la industria. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras —que ha reducido significativamente los salarios de sus ejecutivos y ha perdido a numeroso personal calificado— dispuso la incorporación en la ley de bancos de un tipo de ONG llamadas instituciones financieras de desarrollo (IFD), que tienen facultades para captar depósitos del público.

Una de esas instituciones es el Banco de la Unión, ahora bajo control estatal, que salió al mercado con créditos a una tasa del 6% anual. Aunque con recursos limitados, esa intervención gubernamental —que reduce artificialmente el costo del crédito— no ha sido la mejor señal para los operadores privados. Algunos, como Ramón Rosales, presidente de la consultora International Consulting Consortium (ICC), por ejemplo, se preguntan de qué modo se manejará la salida del mercado de entidades que no son liquidables por la Superintendencia y que pueden contar con carteras poco líquidas.
No obstante la incertidumbre, Bolivia aún empata con Perú en el primer lugar de América Latina en materia de solidez regulatoria. Sin embargo sigue afectada por el poco desarrollo de su mercado de capitales, la inestabilidad política y la debilidad judicial.
La estrella es la regulación
Desde agosto de 2008, cuando la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras de Nicaragua dispuso que se hiciera énfasis en la gestión del riesgo crediticio, este país se ha dotado de una de las más nuevas y modernas definiciones regulatorias de la región. La nueva normativa de Nicaragua, que ocupó el sexto escalón en Microscopio 2008, facilita tanto las actividades para la prevención del sobreendeudamiento, como el control in situ de las actividades microfinancieras, que por dispersión y mecánica son intensivas en capital humano. De la aplicación de este marco normativo en 2009 concentra el interés de los analistas. Ecuador, el mercado con el mejor desarrollo institucional, mantuvo la tercera posición que había alcanzado en Microscopio 2007 gracias a una variedad de fortalezas: gran mercado, múltiples servicios, normativas moderadas sobre tasas y una regulación de microfinanzas diferenciada de la industria financiera tradicional. Sin embargo, aun debe mejorar elementos claves de su clima de inversiones, como el mercado de capitales y el sistema judicial, ambos poco desarrollado.

El clima de inversión es también una debilidad en El Salvador, aunque allí la industria mantiene niveles de elevada competitividad. Su cuarto puesto viene sostenido por la tendencia al crecimiento del sector, la fortaleza de sus burós de crédito y una elevada solvencia crediticia, según el informe Doing Business del Banco Mundial. Entre las tareas pendientes, el país debe despolitizar su sistema judicial y fortalecer el derecho de propiedad, al tiempo que sus microfinancieras tendrán que ofrecer mayores servicios y ampliar la disponibilidad de información.

Gigantes pequeños
En 2008 México mejoró la supervisión de IMF reguladas, introduciendo reglas más firmes para la evaluación de riesgo de las cajas de ahorro e impulsando la migración hacia las normas internacionales de contabilidad. No obstante, aunque el país avanza en número de entidades, sigue sufriendo de cierta incontinencia, pues su marco regulatorio se cambia con frecuencia, demorando las condiciones para la consolidación de la industria. “El modelo mexicano ciertamente ha mejorado pero su éxito depende de la consistencia y la estabilidad del mismo”, dice Navajas del BID.

En Brasil existe un debate soterrado entre los operadores privados y el sector público. El Estado, avalado por la celebrada administración del presidente Luíz Inácio Lula da Silva, ha ganado espacio como gestor exitoso y participa activamente en numerosos programas microfinancieros con las familias de bajos ingresos. Las microfinancieras privadas se sienten inhibidas y no se animan a participar en una actividad que perciben como una opción estatal.

Tanto en México como en Brasil el tamaño de la industria microfinanciera es inversamente proporcional a la dimensión de sus mercados y de las multitudes que ocupan la base de la pirámide. El asunto para ambas naciones, las mayores de la región,, consiste en intentar romper la correlación “país más desarrollado/microfinanzas menos poderosas”.

Ahora bien, ¿están esas economías realmente en condiciones de hacerlo, dadas las prioridades de sus gobiernos? “No parece cercano el día en que las microfinanzas sean un motor de desarrollo en Brasil”, dice Soriano, de la CAF. En el caso de México, en cambio, aunque las microfinanzas son casi inexistentes, el microcrédito ha ido ganando terreno a nivel de políticas de gobierno, bien a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), de emprendimientos privados o de asociaciones como Prodesarrollo.

Los desafíos del entorno
El liderazgo peruano llegó en una instancia compleja, pues llegó antes del estallido de la crisis de Wall Street y cuando aún no se habían manifestado en América Latina los efectos de la debacle financiera y económica global. La verdadera dimensión de esos impactos en la industria microfinanciera regional se verá en la medición de 2009.

No obstante, el entorno de negocios ya es delicado. Navajas, del BID, recurre a la metáfora del crecimiento para describir la situación. En los países líderes, asegura, las microfinanzas atraviesan dolores de adolescencia pues se integran más al sector financiero y es importante que se vinculen a climas de inversión sólidos y sostenibles. En los de la cola, el dolor es propio de la infancia de la industria, con países como Argentina o Uruguay donde existe confusión sobre la función e importancia de las microfinanzas, que son percibidas como una actividad que raya en la marginalidad.

Curiosamente, las microfinanzas también están observando el fenómeno de la condena del éxito. Su crecimiento y fortaleza en una decena de países las ha hecho tan visibles que la independencia de la industria se ve sometida a presiones e intereses cruzados. Algunos gobiernos ven el sector como un mercado donde el Estado puede asumir actividades de intervención que van desde el control de las tasas hasta la participación directa en la oferta con recursos propios subsidiados.
La propia industria también tiene desafíos por superar. Un escollo evidente es la necesidad de regenerar la escalera del éxito, permitiendo el ingreso de nuevos participantes al mercado formal y regulado. Incluso en aquellos países en que la expansión del sistema no se ha detenido —como Ecuador, donde continúa la formalización de IMF— hay tareas pendientes como desarrollar músculo para hacer más ancha la espalda financiera de los operadores.

Los países líderes no deben perder el foco y más bien esforzarse por mejorar las condiciones del sector para fortalecer su posición. Esto es particularmente cierto en el caso de los gobiernos y reguladores, que deben consensuar políticas. Algunos analistas han sugerido que las autoridades públicas de los países del fondo de la tabla, generen incentivos que impulsen el desarrollo de las microfinanzas, mediante normativas y marcos regulatorios prudenciales, o liberando los encajes legales para ciertos tipos de financiamiento, entre otras medidas.

Definitivamente no es menor el compromiso que deben asumir reguladores y gobiernos para garantizar las condiciones de sostenibilidad de la actividad macroeconómica. “Hay que ser muy cuidadosos con los entornos de inversión pues cuesta mucho construirlos pero poco derrumbarlos”, afirma Navajas. “Se necesita consistencia en las definiciones de políticas y tiempo para construir institucionalidad, pues no sirve de nada un decreto escrito que dura un año sino que las reglas de juego sean sostenibles en el tiempo”.
Lo que vendrá
Para 2009, Microscopio se propone acentuar la búsqueda de información y profundizar aun más el análisis para medir la evolución del mercado con todavía mayor rigurosidad. “Será un año en que cada cifra tendrá que ser verificada varias veces, ya que estará marcado por el impacto de la crisis financiera en la industria”, dice Navajas.

De antemano, se prevé un ajuste del crédito en América Latina, con sus consecuentes efectos en aquellas IMF cuyo financiamiento provenga mayoritariamente del mercado. Las que descansan en sus propios depósitos o dependen de donantes podrían plantarse para ganar mercado, si bien serán golpeadas por la desaceleración del crecimiento del producto. En cambio, la consolidación podría tomar carrera desacomodando o dejando fuera del mercado a los actores más nuevos y de carteras débiles. “Creo que veremos a los mercados líderes y a sus seguidores consolidando sus logros, mientras que para los países ubicados hoy en el tercio inferior del Microscopio, una posible mejoría en el atractivo de sus ambientes microfinancieros será gradual”, dice Wood, de EIU.

Soriano, de la CAF, conserva un margen de esperanza, pues no ha encontrado una correlación inversa entre microfinanzas y clima de inversión. “Está demostrado que en situaciones propicias de desarrollo de los países, con climas de inversión favorables, las microfinanzas han avanzado a pasos enormes”, dice. “Sin embargo, no se evidenció que en situaciones de crisis, las microfinanzas sufran deterioros tan significativos como otros estratos de la economía”.
Fuente: Portal del BID 24/02/2009

miércoles, 25 de febrero de 2009

La Vivienda de Interes Social en El Salvador

En El Salvador problema de acceso a viviendas dignas alcanza aproximadamente al 30% de las familias de ese país. En un estudio promovido por el Fondo Social para la Vivienda se detectó que el déficit total de viviendas para familias de bajos ingresos es del orden de los 360,301 inmuebles. De ese total el déficit cualitativo alcanza los 315,918 viviendas, las cuales tienen una o más carencias pisos de tierra, techo y paredes de materiales de desecho. El déficit cuantitativo (demanda vivienda) alcanza los 44,383, indicando que más de tres hogares viven en una misma vivienda y la fuerte presencia de hogares viviendo en mesones.


Frente a este escenario los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) se orientan a resolver la necesidad habitacional de las familias de menores ingresos, definidos estos últimos como aquellos que perciben hasta 4 salarios mínimos mensuales. La VIS es definida, por el Instituto Libertad y Progreso (ILP), como aquella vivienda cuyo precio es de hasta US$15,000. Sin embargo, el gobierno promueve la compra y ventas de viviendas de hasta US$28,571 a través de una exención del impuesto de transferencia. Asimismo, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) financia viviendas sin límite de precio con un monto máximo de hasta US$50,000 (Hasta 10 salarios mínimos).


La importancia de los programas VIS radica en que apuntan a resolver un problema social crucial para las familias de menores ingresos, cual la tenencia del principal patrimonio de la célula social. Por otro lado, la promoción del sector vivienda genera empleo directo para personal calificado y no calificado, así como empleo indirecto en las actividades económicas relacionadas. De este modo, dinamiza la actividad económica, especialmente industria manufacturera y servicios, contribuyendo a la inversión del país mediante la formación bruta de capital fijo, gasto de empresas en bienes de producción y construcción.


Entre los principales aspectos que inciden en el financiamiento de la VIS se tiene en el corto plazo el desarrollo proyectos de interés social toma en cuenta, entre otros aspectos temas de ordenamiento territorial, desarrollo de los sistemas constructivos e industria de los materiales de construcción, así el financiamiento de corto plazo. A largo plazo, los programas tienen en cuenta la situación de los clientes, su entorno económico y la oferta disponible de vivienda de interés social.

Respecto de las dimensiones del grupo objetivo de las políticas VIS se debe anotar que de un total de 667 mil trabajadores, el 71% perciben menos de 2.5 salarios mínimos y que el 88.5% menos del 4. Sólo el 11.5% gana más de 4 salarios mínimos. Esto es, prácticamente el 90% de los trabajadores del país son el objetivo de esta política.

La cartera de préstamos del sistema financiero destinada a vivienda se encuentra en torno al 24%, el cuadro siguiente muestra la distribución de la cartera del sistema por destino económico. Aproximadamente el 45% de los créditos efectuados son para inmuebles de menos de US$25 mil.




Participación del FSV en la solución habitacional salvadoreña:

El Fondo Social para la Vivienda es una institución de crédito autónoma que inició operaciones en 1973 con el objeto de contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras. El FSV otorga el crédito al trabajador, quien elige libremente la solución habitacional que requiere de acuerdo a sus expectativas y capacidad de pago.

El FSV ha sido objeto de tres modificaciones en su público objetivo, adaptándose a las demandas sociales. Su cobertura crediticia entre 1973 y 1998 alcanzaba sólo a los trabajadores sector formal privado (ISSS). De 1998 a 2005, dicha cobertura incluía a los trabajadores del sector formal; privado (ISSS, AFP’s); Empleados públicos; y, Sector de ingresos variables. Más recientemente desde 2006, el FSV puede facilitar créditos también al sector de ingresos variables, a salvadoreños en el Exterior y a trabajadores jubilados. La extensión de los servicios del Fondo a al sector informal ha sido crucial para facilitar el acceso universal a la vivienda toda vez que dicho segmento incluye a 1,221,300 Trabajadores, mientras que el sector formal sólo a 666,477 Trabajadores.


A la fecha se ha realizado aproximadamente 240 mil operaciones de crédito por un monto de US$1535 millones beneficiando a 1,189,415 salvadoreños.

De junio 2004 al segundo trimestre de 2008 se han atendido 29,700 casos por US$275 millones. El 90% de los usuarios han sido familias con menos de 4 salarios mínimos.





Modernización y fortalecimiento financiero del FSV:

El FSV ha efectuado mejoras a las condiciones crediticias que ofrece mediante la Estandarización de la Política Crediticia para las diferentes líneas de crédito. Asimismo se ha incrementado el techo de financiamiento hasta US$50,000.00 para adquisición de vivienda nueva, usada construcción y financiamiento de deuda, y de hasta US$25,000 en los créditos para ampliación, remodelación y adquisición de lotes.

El FSV ha definido el establecimiento de primas y tasas en función del mercado y la aceptación de Garantías adicionales para mejorar monto de crédito (compartidas). Para los créditos de Adquisición y Remodelación, ampliación o mejoras de vivienda (RAM) de manera simultánea, se ha ampliado el plazo de 15 hasta 25 años. El FSV también ofrece favorables condiciones en términos de cuatas, y plazos, amplias cobertura de seguros con bajas primas (de 2% a 5%) y financiamiento de los gastos de escrituración y de registro.

El ha logrado un sólido posicionamiento dentro del sistema financiero, actualmente es la 1ª institución del sistema financiero en volumen de préstamos para vivienda (US$$855.3 millones), la 5ª institución financiera en nivel de depósitos (cotizaciones y emisiones por US$578.6 millones) y la 5ª institución financiera en nivel patrimonial (US$149.4 millones).

La cartera de créditos del FSV representa el 59% de total del sistema bancario, significando la entidad financiera de desarrollo con mayor presencia en el financiamiento a la vivienda en el país.


En términos de resultados financieros el FSV ha experimentado una pronunciada disminución del Índice de Mora en 9.51% desde 2004. Estos resultados obedecen a estandarización de la política crediticia antes comentada como a reformas en la mejora de las áreas operaciones del Fondo. Se trata de niveles de morosidad saludables, no obstante la vulnerabilidad del sector que se atiende. Paralelamente el nivel rentabilidad ha mejorado alcanzando un 13% hacia mediados del 2008.

Los resultados antes comentados son los principales contribuyentes a mejora de clasificación de riesgo que ha pasado de A a A+, otorgada por Fitch rating y donde se destaca el soporte implícito del Estado, los avances que ha realizado el Fondo en la cobertura de reservas de activos deteriorados y la mejora de la entidad en el manejo del riesgo crediticio. Asimismo se debe destacar el sólido nivel patrimonial, del FSV consecuencia de una posición conservadora de reservas y por la generación de utilidades.



Entre las principales dificultades del FSV se encuentran el generar un mayor volumen de negocios, la vulnerabilidad del segmento de la población atendida y el desafío de largo plazo de ampliar su base pasiva y dificultades operativas de administrar la cartera deteriorada. Antes esto las principales líneas de acción que se plantea el FSV se refieren a incentivar la reactivación del financiamiento de vivienda de interés social a través de:

a) Participar en las iniciativas para la reactivación del financiamiento de vivienda de interés social que impulse el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU);

b) Contribuir con la implementación del Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional (SAFH) en Realizar estudio de la demanda de vivienda de interés social a nivel nacional para orientar los planes de desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.

c) Continuar potenciando la demanda de créditos, a través de:
- Gestión de créditos en empresas, centros comerciales y proyectos habitacionales.
- Mejora continua en proceso de otorgamiento de crédito.
- Consolidación del Programa Vivienda Cercana para salvadoreños en el exterior.
- Atención vivienda de interés social mediante Programa “Aporte y Crédito” (PAC) para la atención del sector de ingresos variables

d) Evaluar Opciones adicionales de Financiamiento
- Emisión de Títulos Valores para Sector Privado (corto plazo de 5 a 10 años)
- Emisión de Títulos Valores para Fondos de Pensiones Privados
- Líneas de crédito Banca Multilateral
- Sistema de Ahorro y Capitalización Individual (cotizaciones)
- Titularización de la Cartera Hipotecaria disponible y Nueva coordinación con el MOP-VMVDU y FONAVIPO

viernes, 20 de febrero de 2009

Más de 10 millones de pobres en el Perú viven en Huancavelica y La Libertad

El INEI presentó el nuevo mapa distrital de pobreza del Perú. El 39,3% de peruanos viven en pobreza y 13,7% en extrema pobreza

(EFE). Más de 10,6 millones de pobres en el Perú, que tiene más de 28 millones de habitantes, viven principalmente en las zonas rurales de los departamentos de Huancavelica y La Libertad, según reveló el mapa de la pobreza presentado hoy por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI ).

El jefe del INEI, Renán Quispe, señaló en una rueda de prensa que los distritos con mayor incidencia de pobreza en Perú son Ongón, en la provincia de Pataz, con 99,7 por ciento de pobreza total, y Bambamarca, en la provincia de Bolívar, con 98,7 por ciento, ambos en el norteño departamento de La Libertad. Asimismo, seis de los diez distritos más pobres de Perú están en la región andina de Huancavelica, a 440 kilómetros al sureste de Lima, en las provincias de Tayacaja, Angaraes y Churcampa.

Según el INEI en nuestro país hay un 39,3 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, y un 13,7 por ciento en pobreza extrema.
Las familias pobres viven con 47 dólares al mes, mientras que las pobres extremas lo hacen con un aproximado de 18 dólares mensuales.

De los 1.832 distritos peruanos estudiados por el INEI, 190 presentaron porcentajes de pobreza y pobreza extrema inferiores al 25 por ciento, es decir que afectan a 1,8 millones de habitantes.
Otros 459 distritos muestran porcentajes de pobreza entre 25 y 49 por ciento, y de pobreza extrema menor al 25 por ciento, que inciden en 2,9 millones de personas.
Los porcentajes mayoritarios de pobreza y pobreza extrema (entre 50 y 74,9 por ciento) están presentes en 639 distritos que albergan a 3,1 millones de habitantes.
Además, 544 distritos tienen porcentajes de pobreza y pobreza extrema que supera al 75 por ciento, lo que equivale a 2,8 millones de personas.

El mapa fue elaborado con información recopilada en 2007 en los censos nacionales de población y vivienda con el objeto de tener una herramienta más cercana para la implementación de políticas sociales y contó con el auspicio del ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otras entidades.

jueves, 8 de enero de 2009

Programa de Oportunidades en México y Programa Juntos

Entrevista a Santiago Levy Algazy
Principal arquitecto del exitoso programa social Progresa-Oportunidades (el equivalente a Juntos, en Perú)

Hace 10 años usted diseñó el Programa de Oportunidades en México (Progresa); acá se replicó con el nombre de Juntos, pasado un tiempo. ¿Cambiaría algo?

No haría cambios, pero sí le agregaría al diseño original un módulo relacionado con estimulación temprana. Hoy tenemos la evidencia empírica de que entre los 6 meses y los 3 años es muy importante que, además de una buena nutrición, haya estimulación temprana para potenciar el desarrollo cognitivo.

¿Cuán similar es Progresa de México con el programa Juntos?
En México buscamos explotar las complementariedades entre nutrición, salud y educación. Es un error decir que son programas de transferencia condicionada, en realidad son programas de inversión en capital humano, en los cuales uno de los instrumentos es entregar dinero directamente.

En el Perú se da dinero a la madre para que lleve al niño a la posta.
En el caso mexicano se da dinero a las familias pobres y la transferencia va a la madre. La obligación es llevar no solo al niño --chico o grande--, sino a toda la familia a la clínica de salud (postas). Además, a las madres se les da capacitación nutricional y educación sobre higiene, salud sexual y buenas prácticas familiares. Se ha adicionado despistaje de cáncer uterino e hipertensión para los varones.

Hay un protocolo que marca la periodicidad de la asistencia a las postas. De hecho, la mayor parte de las transferencias monetarias está condicionada a que los niños asistan a la escuela hasta tercero de primaria. A partir de ahí se paga un adicional mayor que el anterior por la asistencia de cada niño a la escuela y el dinero aumenta conforme se llegue a cuarto, quinto de primaria y a los años de media.

¿Progresa es un programa básicamente rural o también está en las ciudades?
Empezó en las zonas rurales más remotas sujeto a que estas tuvieran una oferta de salud y educación que permitiera cumplir con las metas del programa. Si estos servicios no existían, el programa no se ponía en práctica. Progresivamente se fue fortaleciendo esta oferta coordinando con las secretarías (ministerios) respectivas y fue creciendo la cobertura.

Progresa empezó en 1997 y en el 2004 ya estaba extendido en las zonas urbanas. Hoy tiene cobertura nacional, prácticamente todas las familias en pobreza extrema están beneficiándose. Son 5 millones de familias, cerca de 23 millones de personas. Aún hay 400 mil familias que viven en zonas remotas, sin oferta de salud y educación, adonde no llega el programa. Pero está en 88 mil localidades rurales y en todas las urbanas.

¿Y cómo se le ocurrió crear este programa de subsidio monetario directo?
Fue el resultado de juntar la evidencia empírica de estudios hechos en los años 80 y 90. Estos indicaban que el problema de la nutrición no se resolvía solo con el acceso a alimentos, se requiere saber alimentarse. Darle a la gente un vaso de leche o lo que sea no soluciona el problema. También mostraban que poner una escuela en una localidad no era suficiente para que los niños asistieran a esta.
Las familias muy pobres necesitan a los hijos para su 'chacra' y los sacan de la escuela. En realidad la transferencia monetaria reemplaza el ingreso de la familia. El ingreso que pierde porque el niño ya no trabaja lo recupera con lo que le da el Estado.

Muchos dirían que está creando un ejército de mantenidos
No. Lo que está haciendo el Estado es invertir en capital humano.
Al final tendrá familias con mejor nutrición y salud, con mayor capacidad para desempeñarse en el mercado laboral que la generación anterior y con tres o cuatro años más de educación. El programa está conceptualizado como una inversión transitoria en capital humano, ninguna familia puede vivir permanentemente de este. Conforme los niños crecen el subsidio va cayendo.

Entonces es mejor entregar dinero que hacer múltiples programas.
La evidencia empírica y las evaluaciones así lo demuestran y no solo en México. Brasil, Colombia, Turquía, cerca de 25 países han adoptado un modelo similar. Cuando este programa opera bien, se reducen los índices de mortalidad infantil, mejoran los indicadores de nutrición y aumentan los años de escolaridad.

¿Es una inversión más productiva y rentable?
Solo un dato, por cada peso del presupuesto de Progresa, 94 centavos son beneficios para las familias y 6 son costos administrativos. Cuando se subsidiaba la tortilla, de cada peso solo 20 centavos llegaban a los pobres y 80 se quedaban en intermediarios, corrupción, cadenas, desperdicios. También se eliminan las filtraciones.

¿En Progresa hay corrupción?
Las posibilidades son muchísimo menores, no hay cadenas de comercialización. Los pagos van de una oficina federal a las familias, no pasan por el Gobierno Estatal. La familia puede disponer del dinero como desea, pero si no cumple con las condiciones no se le paga. Hay un seguimiento de todas las familias

¿Eso no genera burocracia?
Son los 6 centavos que le mencioné. Además hay envíos electrónicos, todo está muy automatizado y no es algo caro. La evidencia empírica demuestra que si a las familias también se les da información sobre mejores hábitos de nutrición, la mayor parte del dinero de Progresa se gasta en alimentos pero en dietas más balanceadas.
A veces, las madres compran zapatos al niño, reemplazan su techo y luego de algunos años se genera un pequeño ahorro, creándose pequeños proyectos de inversión, un negocio de pollos u otros. A las familias pobres hay que darles cierta seguridad de que tendrán un flujo de ingresos para que puedan tomar decisiones. Estas viven en la orilla de eventos catastróficos, si la cosecha es mala, si alguien se enferma es fatal. El programa les da certidumbre sobre el futuro.

¿No se malgasta el dinero?
A lo mejor los primeros meses se compra una botella de alcohol, pero luego ya no. La evidencia que tenemos de "mal uso" del dinero es anecdótica y no sistemática.

En el Perú, pese a los programas sociales, la inequidad es enorme y la diferencia entre el pobre y quien tiene recursos es abismal.
Este tipo de programas no va a acabar con la pobreza. Sí logran que una generación de personas pobres tenga mejoras respecto de la generación anterior, que por lo menos no esté en la extrema pobreza, que no tenga problemas cognitivos. En mi opinión son una precondición para acabar con la pobreza, pero no es suficiente. Se requiere una estrategia más amplia, cuya esencia es: buenos trabajos para las personas pobres.

¿Por qué los pobres no pueden conseguir trabajo en el sector formal?
En el Perú se teme mucho a lo que se llama sobrecostos laborales.Para acabar con la pobreza no solo se requiere un esfuerzo nutricional, salud, sino también entender el mercado laboral, el porqué se contrata o no a cierto tipo de trabajadores, por qué se evade o no la seguridad social.

¿Para usted la informalidad es igual a pobreza?
No haría una ecuación tan exacta, pero en un contexto de fuerte informalidad es muy difícil que los trabajadores pobres consigan buenos trabajos y, por lo tanto, salgan de la pobreza. No es imposible, pero lo hace muy difícil. Eso está íntimamente relacionado con toda esa trama formada por seguro médico, pensiones, regulaciones laborales, tamaño de las empresas, etc.

¿Cómo romper la visión empresarial de que son sobrecostos para la empresa?
La pregunta clave es: ¿quién debe pagar lo que es seguridad social? En el fondo la pagan los trabajadores porque los salarios se ajustan a la baja para subsanar el pago de esas prestaciones. La noción de que uno está redistribuyendo ingresos a favor de los trabajadores a través de contribuciones patronales a la seguridad social no es consistente con la evidencia empírica, al menos en México. Un salario de 100 en realidad es de 70 porque 30 van para la seguridad social y los paga el trabajador. Algunos trabajadores pueden pensar que eso vale la pena, otros no y se van a la informalidad. En México, los trabajadores informales no están haciendo cola para tener un empleo formal, en realidad es una elección. El razonamiento es: si soy formal me vas a quitar el 13% para mi pensión, 8% para salud. Siendo informal mi paga es mayor y a lo mejor el Estado crea un programa de salud gratis para los informales.

¿Qué hacer?
Preguntarnos por qué en nuestros mercados laborales el 50% o el 60% es informal. Los empresarios responden al hecho de que están pagando a sus trabajadores por algo que estos no valoran plenamente. Cuando eso ocurre ambos tienen incentivos para evadir la ley. La pregunta es: ¿queremos que todos los trabajadores tengan seguridad social? ¿Cómo se debe pagar por eso? Tenemos un sistema dual: para algunos trabajadores se paga con contribuciones a la seguridad social y para otros se paga con recursos del fisco. En el fondo hay un subsidio a la evasión, el empresario que no paga las prestaciones se apoya en el Estado. Yo he escrito un libro titulado "Buenas intenciones, malos resultados" porque, en realidad, lo que se le dice a la gente es: si eres informal, te subsidio; y si eres formal, no. Ahora, también una parte de la informalidad está asociada con la legislación fiscal que debemos revisar conjuntamente con este interfaz de programas sociales y seguridad social que inducen a la informalidad.

Es una situación muy difícil de resolver.
Hay que entender bien esta dinámica y luego ver qué medidas de políticas públicas van a permitir romper con el círculo vicioso en el que estamos metidos. Si la apuesta es que el crecimiento económico va a generar suficientes empleos formales para acabar con la informalidad; en México hay seis décadas de evidencias de que eso no va a ocurrir. Y es que, nuevamente, los trabajadores pueden estar mejor nutridos y educados pero

No tienen una buena 'chamba'.
Por eso la segunda parte del problema es cómo generamos, siguiendo su expresión, buenas 'chambas'. Si decimos: si eres una empresa chiquita te subsidio la seguridad de tus trabajadores pero si eres grande no, lo que ocurrirá es que habrá más empresas chiquitas.

¿Qué propone?
Para el caso mexicano propongo que el país transite a un sistema de derechos sociales universales, que la seguridad social llegue a los trabajadores sean estos asalariados o no. Y que la satisfacción sea igual para todos, si la decisión es tener seguro médico y pensión que así sea y que no se discrimine.

¿Quién paga esto?
Se paga con recursos del fisco, que los genera el contribuyente, quien finalmente hoy paga a los informales. En el fondo se trata de una reingeniería fiscal para pagar ciertos beneficios a través de un impuesto llamado contribución de seguridad social y otros beneficios vía los otros impuestos. Eso sí sería redistributivo, porque los beneficios serían iguales y las contribuciones serían proporcionales a los ingresos. Esto detonaría la productividad de las empresas. Estas pueden contratar a 15 o 50 trabajadores, no es relevante. Dedícate a crecer, a innovar y paga tu impuesto para seguridad social.

Su visión sobre la experiencia peruana
Ha conversado con el primer ministro, con el ministro de Economía.
El BID quiere apoyar la gestión del Gobierno en este campo. El ministro Luis Valdivieso considera necesario aumentar el gasto social, pero está sumamente preocupado porque sabe que meter más recursos a los programas tal y como están no tiene mucho sentido.
Convenció a los ministros de que es más eficaz entregar dinero que alimentos.El argumento es claro para ellos, otros no están tan convencidos. Pero en 1997, en México, todo el mundo dijo que era una barbaridad y no fue así.

¿Cuál es su evaluación de los programas sociales en el Perú?
Creo que ha faltado separar qué objetivos se quieren y para qué segmento de la población. Se ha avanzado porque se han fusionado muchos programas, pero hay espacio para tener objetivos más claros. Sería bueno que se consoliden los programas nutricionales en uno solo y que se vinculen con más precisión a la oferta de servicios de salud y fortalecer una mayor coordinación con los ministerios sociales y con los gobiernos regionales.

¿Ayuda tener muchos programas?
No conozco a profundidad el caso peruano, pero si se consolidan programas con objetivos más precisos se puede ser más eficaz. La evaluación y medición de los programas es fundamental y debe ser pública. Los programas no son suficientes, en paralelo se debe atacar la informalidad laboral. En México ese es el reto.

Fuente: Diario El Comercio 2008-09-07